El concepto de Economía social en España está vinculado estrechamente a la tradición europea y tiene como referencia la Carta de principios de la Economía Social en 2002 de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF), antecesora de la actual asociación europea de economía social (Social Economy Europe). En esta carta se consensúan los principios y valores que son la fuente de inspiración y funcionamiento de empresas y organizaciones de la economía social. Estos principios son: 1) primacía de las personas y del objetivo social sobre el capital; 2) adhesión voluntaria y abierta; 3) control democrático por los miembros (no afecta a las fundaciones puesto que no tienen miembros); 4) combinación de los intereses de los miembros/usuarios con el interés general; 5) defensa y aplicación de los principios de solidaridad y de responsabilidad; 6) autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos; 7) la mayoría de los excedentes se utilizan en pro de objetivos de desarrollo sostenible, servicios de interés para los miembros o el interés general.

Así, la Ley 5/2011 indica en el artículo 5 que las entidades que forman parte de la economía social son las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior.