Constitución Española de 1978, artículo 129.2 y artículos 22 y 34 Dcho. de Asociación y Fundación, BOE n. 331.1 de 29 de diciembre de 1978, Ver texto
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, Texto consolidado
Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, BOE n. 170 de 17 de julio de 1999, Ver texto
Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España, BOE n. 57 de 8 de marzo de 2011, Ver enlace
Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas, BOE n. 40 de 15 de febrero de 2002, Ver texto
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas, BOE n. 304 del 20 de diciembre de 1990, Ver texto
Real Decreto 1345/1992, de 6 de Noviembre, por el que se dictan normas para la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los grupos de sociedades cooperativas, BOE n. 292 de 5 de diciembre de 1992, Ver texto
Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, BOE n. 316 de 29 de diciembre de 2010, Ver texto
Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, BOE n. 129 de 31 de mayo de 1989, Ver texto
Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 13/1989 de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, BOE n. 43 de 19 de febrero de 1993, Ver texto
Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, Ver texto
Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, Ver texto
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, Ver texto
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, BOE n. 310 de 27 de diciembre de 2002, Ver texto
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, BOE n. 299 de 14 de noviembre de 2007, Ver texto
Real decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de los centros especiales de empleo definidos en el artículo 42 de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social del minusválido, BOE n. 294 de 8 de diciembre de 1985, Ver texto
Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo
Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, BOE n.194 de 14 de agosto de 1981, Ver texto 

LEYES AUTONÓMICAS DE ECONOMÍA SOCIAL

Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón, BOA 244, de 20 de diciembre de 2022
Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias, BOC 121, de 20 de junio de 2022, Ver texto
Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la economía social de Galicia, DOG 93, de 18 de mayo de 2016, Ver texto
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja, BOR 140, de 22 de julio de 2022, Ver texto

LEYES AUTONÓMICAS DE COOPERATIVAS

• Andalucía. Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, modificada mediante Ley 5/2018, de 19 de junio. Desarrollada mediante Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
• Aragón. Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón.
• Asturias. Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas del Principado de Asturias. Ley 5/2021, de 23 de diciembre, de primera modificación de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas.
• Baleares. Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Cooperativas de las Illes Balears. Reformada por Ley 7/2005, de 21 de junio; y Ley 5/2011, de 31 de marzo.
• Canarias. Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias.
• Cantabria. Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria. Modificada mediante Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
• Castilla y León. Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. Modificada por Ley 9/2004, de 28 diciembre de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. Ley 6/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de Castilla y León. Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.
• Castilla-La Mancha. Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha y por la que se modifica la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
• Cataluña. Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las cooperativas.
• Comunidad Valenciana. Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
• Extremadura. Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura. (DOE de 2 de noviembre de 2018).
• Galicia. Ley 5/1998, de 18 de diciembre de Cooperativas de Galicia. Modificada por Ley 14/2004, de 29 diciembre de Medidas tributarias y de régimen administrativo; y por la Ley 14/2011, de 16 de diciembre.
• La Rioja. Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de la Rioja.
• Madrid. Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.
• Murcia. Decreto-ley 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia.
• Navarra. Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra. Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado.
• País Vasco. Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. Ley 5/2021, de 7 de octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.
• Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo de Extremadura

LEYES AUTONÓMICAS DEL RESTO DE FIGURAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Mutuas y mutalidades
Empresas de inserción y centros especiales de empleo
Sociedades Agrarias de Transformación
Asociaciones y fundaciones

La norma mantiene los principios fundamentales del cooperativismo a la vez que integra otros principios nuevos cono la sostenibilidad empresarial y medioambiental, la igualdad de género, el fomento del empleo estable o el compromiso social con la comunidad. En relación con la simplificación de procedimientos, la ley abrirá la posibilidad de constituir una cooperativa sin necesidad de escritura pública, y rebajará de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración, cuyo silencio se considerará positivo. Asimismo, se reducirán de cinco a una las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta y se suprimirán los requisitos del capital social mínimo (antes de 3.100 euros) y la calificación previa para la constitución.

Para facilitar la incorporación de nuevos cooperativistas, la ley introduce la figura del socio a prueba. Se establece así un periodo en el que la entidad conocerá al aspirante y éste podrá familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse como socio a ella. Asimismo, las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se podrán fraccionar o aplazar de común acuerdo.

El texto regula también diversas medidas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como las denominadas Asamblea y Consejo Rector virtuales. La norma sólo exigirá una sesión anual del máximo órgano de gestión, frente a la actual periodicidad mínima mensual. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de sustituir éste por un administrador único, o dos solidarios en cooperativas con menos de diez socios.

Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/20/pdfs/BOE-A-2012-877.pdf

Contiene la estrategia del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo para diseñar y gestionar las políticas activas de empleo, es decir, “el conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

Disponible en: http://boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A- 2011-18146.pdf

Con esta nueva ley se crea una Superintendencia del Sector Popular y Solidario, para que estas organizaciones ya no recaigan bajo el control de la Superintendencia de Bancos, sino tengan un control autónomo. La ministra Coordinadora del Desarrollo Social afirmó que no se trata de promover la informalidad, sino de crear una banca de segundo piso que cuente con un Fondo de Liquidez y un Seguro de Depósitos. La ley prevé la generación de una línea de Política Crediticia, con productos especiales pensados para estos actores.

La ley beneficiará a los campesinos agricultores al evitar la comercialización de sus productos solo mediante intermediarios, la ley les permite comercializar con el gobierno, cliente seguro y el mejor pagador aclaran, produciendo lo pactado y estrictamente necesario.

Fomentará y fortalecerá a la economía popular y solidaria a través de facilidades a pequeños productores y micro-empresarios, como créditos y préstamos generándose estímulos que fomentan la producción e inversión. Los pequeños productores esperan que el Estado les brinde todas las garantías y alternativas para que puedan seguir trabajando y produciendo.

Es una normativa que contiene 175 artículos en la que ampara a los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como a las Unidades Económicas Populares.

La ley se aprobó con 88 votos de los integrantes de la Asamblea Nacional. En este marco se instituye el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta normativa; se establece la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento, para alcanzar el buen vivir y el bien común.

Disponible en: https://www.oibescoop.org/media/bank/Ley_Ec_Popular_y_Solidaria_Ecuador.pdf

La Ley tiene como objetivo básico configurar un marco jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector, suponga “el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica».

Se reconoce como entidades de la economía social a las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios de la propia Ley.

Asimismo, se reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. Se contempla la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a las distintas entidades que componen la economía social, y al sector en su conjunto.

El Congreso de los Diputados aprobó también una serie de enmiendas consensuadas y aprobadas en el Senado, entre ellas una por la que «se aprobará un programa de impulso de las entidades de la economía social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos”.

Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf

Con esta norma se propicia, en el ámbito del derecho de sociedades, mejorar la situación económica y social en el conjunto de la Unión Europea, reduciendo obstáculos del mercado interior y potenciando el desarrollo entre regiones y Estados miembros a través de la fórmula jurídica cooperativa, sin necesidad de crear otras sociedades mercantiles para desarrollar actividades transfronterizas.

La Sociedad Cooperativa Europea tiene como objetivo principal la satisfacción de las necesidades de sus socios y el desarrollo de sus actividades económicas o sociales respetando los principios cooperativos de participación democrática y distribución equitativa del beneficio.

Recoge disposiciones que determinan la legislación aplicable y régimen de aquella, los supuestos de regularización, el Registro competente en materia de inscripción y publicación de actos, las reglas de traslado y oposición, así como peculiaridades específicas de la legislación cooperativa en relación con los actos de fusión y transformación, medidas concretas de coordinación entre Registros, y la posibilidad de opción de un sistema de administración monista o dual, que se hará constar en sus estatutos.

Publicada el 8 de marzo, la Ley entrará en vigor al mes de su publicación.

Disponible en: http://boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4288.pdf

Según se informa en el texto de la citada Orden, el objetivo de las normas que ahora se aprueban es revisar las anteriores a la luz de los criterios incluidos en el nuevo Plan General de Contabilidad, pero considerando la especialidad del régimen sustantivo de la sociedad cooperativa.

En el marco de esta reforma cabe destacar que el nuevo Plan introdujo un cambio en la calificación de las fuentes de financiación de las empresas y, por tanto, en su situación patrimonial. Trasladado a las sociedades cooperativas, este cambio supone, con carácter general, que las aportaciones de los socios y otros partícipes a las mismas, en la medida en que no otorguen a la sociedad el derecho incondicional a rehusar su reembolso, deban calificarse como pasivo, reduciendo de forma significativa los fondos propios de la entidad.

Con el ánimo de evitar este desequilibrio patrimonial, la Ley 16/2007, de 4 de julio, introdujo una serie de modificaciones en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, permitiendo que la asamblea de la cooperativa modificase los estatutos, otorgando al Consejo Rector la facultad de rehusar el reembolso de las aportaciones, en sintonía con las modificaciones de las leyes de cooperativas de Euskadi o de Navarra.

Transcurrido un plazo de tres años desde la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, tiempo estimado suficiente para que las comunidades autónomas modificaran sus correspondientes leyes de cooperativas, en 1 de enero de 2011 entran en vigor las nuevas normas en sintonía con las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea, ya recogidas en el Plan General de Contabilidad y en el Plan contable de las PYMES.

Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/29/pdfs/BOE-A-2010-20034.pdf

Entre las novedades que la ley introduce está la posibilidad de configurar el órgano de administración de cuatro maneras diferentes, bien la tradicional del consejo rector, o por un administrador único, dos solidarios o dos mancomunados, pudiendo los socios optar por uno de estos sistemas sin que la elección esté condicionada por la dimensión de la cooperativa.

En la regulación del régimen económico, la Ley persigue un doble objetivo. Por una parte, pretende fortalecer la vertiente empresarial de las cooperativas y, por otra parte, garantizar la solvencia y credibilidad económica de estas entidades, en especial, ofreciendo vías concretas para preservar la fortaleza patrimonial de la cooperativa ante la entrada en vigor de la NIC32.

Para conseguir el primer objetivo, además de la referida exigencia de un capital mínimo, se permite, siguiendo la orientación marcada por las leyes más recientes, que la aportación obligatoria inicial sea diferente para los distintos tipos de socios o para cada socio en proporción al compromiso o uso potencial que cada uno de ellos asuma en la actividad de la cooperativa.

Se ha aclarado el estatuto profesional de los socios en las cooperativas de trabajo asociado, reconociendo legalmente el carácter societario del vínculo entre la cooperativa y el socio trabajador.

Por otra parte, se crea el Consejo Asturiano de la Economía Social, con funciones asesoras y consultivas, configurándose como un órgano de colaboración y coordinación del movimiento asociativo, de la administración autonómica y otros agentes sociales.

Disponible en: http://www.ffes.org/adjuntos/adjunto_1278921718.pdf

Del mismo modo, desde el Observatorio español, en el apartado de novedades jurídicas se publican las últimas disposiciones de interés para la economía social, publicadas en los diarios oficiales del último mes. Todo ello está disponible, en el apartado de «Servicios del CIDEC», del Observatorio.

Disponible en: http://www.observatorioeconomiasocial.es/area-juridica-cooperativas.php

Las tareas del Grupo se han inscrito en el marco de un proyecto de CIRIEC-España, con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El Grupo de Expertos ha estado presidido por el catedrático de la Universidad de Valencia y presidente de CIRIEC-España, José Luis Monzón Campos, e integrado por los también catedráticos Rafael Calvo Ortega, presidente de FUNDIBES, y Fernando Valdés Dal-Ré, de la Universidad Complutense de Madrid, así como por los profesores Rafael Chaves Ávila y Gemma Fajardo García, de la Universidad de Valencia.

En este tiempo, los especialistas se han entrevistado con los distintos agentes del sector, de los que han recabado sus diferentes puntos de vista. Han tenido ocasión de conocer y de estudiar la propuesta de Ley que presentó a principios de año la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) en el marco del Consejo de Fomento de la Economía Social.

El Informe del Grupo de Expertos servirá de documento de trabajo para el Consejo de Fomento de la Economía Social, órgano en el que se debatirá la propuesta definitiva de Proyecto de Ley.

La Ley definirá los rasgos básicos de la economía social en España, y reconocerá entre las entidades que la componen a las cooperativas, sociedades laborales, mutuas y mutualidades, empresas sociales, asociaciones y fundaciones privadas, así como a entidades similares, cuya organización y funcionamiento responda principalmente a los principios de la economía social. Entre estas últimas entidades cabe incluir a las sociedades agrarias de transformación, las cofradías de pescadores, las empresas de inserción, la mayoría de los centros especiales de empleo y los grupos empresariales de la economía social.