La Política contempla cinco ejes estratégicos sobre los cuales hay que incidir e impulsar acciones de forma prioritaria: 1) el tutelaje, regulación y asesoría de los derechos laborales de mujeres y hombres; 2) el acceso a oportunidades de trabajo decente; 3) el acceso a servicios de cuido y ambientes laborales que propicien la armonía entre las responsabilidades laborales y las familiares; 4) el desarrollo del talento del recurso humano en la política de recursos humanos y en sus acciones; 5) y en los procesos de planificación estratégica.

Se sustentó en la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), aprobada en 2007, que le dio al Ministerio de Trabajo un rol fundamental en el cumplimiento de las acciones para el avance de los derechos laborales y la calidad del trabajo de las mujeres.

La PIEG reconoció que a pesar de los avances aún persisten importantes desafíos para superar las brechas de género en el trabajo, que tienen que ver con condiciones desfavorables de inserción laboral (brechas de ingreso, segmentación del mercado, discriminación de género), aspectos que fueron corroborados en el diagnóstico que se realizó como paso previo a la elaboración de la Política. Otro dato importante que evidenció la PIEG fue que entre 1990 y 2008 el 46% de los empleos generados correspondió a mujeres, sin embargo, este incremento en su participación no siempre se dio en condiciones de calidad; ni tampoco al margen de tensiones entre el trabajo remunerado y no remunerado, o entre el espacio familiar y laboral. Además, las tasas de desempleo y subutilización total femenina mostraron una tendencia creciente en ese mismo período.

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Hasta febrero pasado, la adquisición de ropa se hacía a grupos o asociaciones independientes. No obstante, la Caja decidió cambiar la modalidad, tras determinar que estas mujeres carecían de seguro social y de otros beneficios laborales.

Según explicó el gerente de logística de la CCSS, Ubaldo Carrillo, el anterior convenio carecía de seguridad jurídica en el tema de la contratación. “El convenio las dejaba en un esquema de desprotección”, manifestó Carrillo.

El gerente informó de que la Caja trabaja en una nueva propuesta de convenio, con la idea de hacer, con la Unión de Mujeres Cooperativistas, una contratación directa de servicios.

Durante más de 20 años, la CCSS ha comprado la ropa hospitalaria (como gabachas, pijamas, cubrebocas y sábanas) a asociaciones independientes de mujeres. Estos grupos eran coordinados por la Fundación de clubes 4-S, un organismo semiautónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El director ejecutivo de esa fundación, Bernal Méndez, dijo que la Caja nunca le comunicó oficialmente las razones por las cuales no renovaría el convenio.

De acuerdo con Méndez, un grupo importante de mujeres –450, dijo–, se quedó sin trabajo desde febrero como consecuencia de la decisión de la Caja. Mireya Jiménez, de la Unión de Mujeres Cooperativistas, indicó que recibieron quejas de las mujeres por la desprotección laboral que sufrían en algunas asociaciones: “No les pagaban seguro, les cancelaban el salario con atraso y no recibían ni el ingreso mínimo”.

Debido a lo anterior, la Unión decidió organizar en cooperativas a estas mujeres para darles capacitación en autogestión.

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Más información: http://www.mcjd.go.cr/juventud/politica.pdf