La isla de La Palma (Canarias): el volcán Tajogaite y la economía social

por Cándido Román Cervantes
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de La Laguna.
Director de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa (CESCO)

La Palma es una isla hecha por los volcanes y acostumbrada a convivir con ellos. En el siglo XX, Cumbre Vieja entró en erupción dos veces, en 1949 con el volcán de San Juan y en 1971 con el Teneguía. Es además un territorio insular pequeño, con fuerte peso agrario, comarcas rurales envejecidas y una doble lejanía: de los centros de decisión y de los mercados. En un lugar así, la capacidad de la comunidad para organizarse no es un rasgo cultural secundario, sino una condición de supervivencia.

Esa capacidad tiene en La Palma un nombre: economía social. Cooperativas, sociedades agrarias de transformación, asociaciones, empresas de inserción y entidades de desarrollo local conocen el territorio, gozan de la confianza de la población y sobre todo permanecen creando cohesión territorial. La erupción de 2021 lo puso a prueba como nunca. La respuesta de la isla demuestra que la solidaridad, la cooperación y la colaboración no son valores accesorios ante una catástrofe, sino herramientas materiales de resistencia y de reconstrucción.

El 19 de septiembre de 2021 comenzó la erupción del volcán de Tajogaite, en la dorsal de Cumbre Vieja. En apenas dos semanas, más de 6.000 personas habían sido evacuadas. La actividad cesó el 13 de diciembre y las autoridades dieron la erupción por terminada el 25 de diciembre.

El balance fue devastador. La lava cubrió 1.219 hectáreas y destruyó 2.988 edificaciones, entre ellas 1.345 viviendas. Unas 2.000 personas se quedaron sin hogar. Arrasó además unas 370 hectáreas de cultivo en 1.360 fincas, principalmente plataneras, y se perdieron 53 millones de kilos de plátano, entre el 40 % y el 50 % de la producción insular. Barrios enteros, como Todoque, desaparecieron bajo las coladas, y con ellos redes vecinales, cementerios, comercios y lugares de encuentro construidos durante generaciones.

Cinco años después, la reconstrucción sigue abierta. Unas 60 familias viven todavía en alojamientos provisionales. En Los Llanos de Aridane el precio de la vivienda pasó de 1.358 euros por metro cuadrado en agosto de 2021 a 2.543 en julio de 2026, y los alquileres prácticamente se han duplicado. Recuperar la tierra agrícola cuesta unos 550.000 euros por hectárea, y hasta 750.000 si hay que levantar invernadero. Hay también signos de recuperación: en el primer semestre de 2026 llegaron 145.276 turistas extranjeros, un 13,9 % más que un año antes.

La capacidad de respuesta de La Palma no puede entenderse sin lo que había antes. La isla lleva décadas destacando en Canarias por el fomento de la economía social, con un denso entramado de asociaciones, cooperativas, empresas de inserción y entidades de desarrollo local.

ADER La Palma, la Asociación para el Desarrollo Rural de la isla, gestiona las iniciativas LEADER desde 1991. Su estrategia incluye el fomento del asociacionismo, la integración, la cooperación y la economía colaborativa en el medio rural. En el norte de la isla, la Federación de Iniciativas Sociales del Norte de La Palma (ISONORTE) ha sido pionera en la formación en agricultura ecológica y en la dinamización de las comarcas rurales. A ello se suman las empresas de inserción, que abren el mercado laboral a personas en riesgo de exclusión, y un amplio movimiento asociativo municipal.

El pilar económico más sólido es el cooperativismo agrario. Las cooperativas y SAT dedicadas al plátano y a los productos tropicales, como Covalle en Tazacorte o la Cooperativa Volcán de San Juan, demuestran que la fórmula cooperativa es también rentable, competitiva y capaz de sostener a miles de pequeños agricultores.

La isla se adelantó además en transición energética ciudadana. En 2019, la Comisión Europea la eligió como isla piloto de su iniciativa de Energía Limpia para las Islas. De ahí nació Energía Bonita, la comunidad energética insular, una cooperativa sin ánimo de lucro formada por personas, pymes y administraciones locales que combate la pobreza energética. Se constituyó en octubre de 2021, en plena erupción.

La principal lección de La Palma es que la erupción no creó ese tejido: lo aceleró. Las redes de confianza que ya existían permitieron canalizar la ayuda, identificar necesidades y poner en marcha proyectos colectivos donde la iniciativa individual no bastaba. Tras la erupción se celebraron varias reuniones entre entidades de la economía social, administraciones y agentes locales, a las que fue invitada la Cátedra CESCO de la Universidad de La Laguna. En ellas se trabajó en proyectos colaborativos para las zonas afectadas y para las comarcas más envejecidas: coche eléctrico compartido, supermercado y otras iniciativas para reducir el impacto del envejecimiento y del aislamiento rural.

La comunidad energética ilustra bien esa lógica. En 2022 obtuvo del IDAE 118.660 euros para autoconsumo fotovoltaico colectivo, coches eléctricos compartidos y una aplicación de consumo eficiente, con la quinta mejor puntuación del país. Su primera instalación se proyectó sobre un estanque de la Comunidad de Regantes de Los Sauces: cooperación entre cooperativas en su sentido más literal.

Junto a estas iniciativas, entidades como Isla Bonita, la cooperativa de trabajo Oficina Agroecológica y distintas empresas de inserción y asociaciones locales han sostenido el acompañamiento a las familias, la formación, el empleo y la dinamización de los barrios afectados. Su trabajo, muchas veces poco visible, ha sido decisivo para que la reconstrucción no fuera solo física, sino también social.

La experiencia palmera deja varias conclusiones sobre el papel de la economía social ante las catástrofes naturales:
• Las comunidades organizadas responden antes y mejor. La resiliencia no se improvisa en la emergencia: se construye en tiempos de normalidad, cuando las organizaciones tejen confianza y conocimiento del territorio.
• La forma cooperativa aporta estabilidad frente al riesgo: lo reparte, retiene el valor en el territorio y protege a los productores más pequeños.
• La reconstrucción puede transformar el modelo productivo, no solo reponer lo perdido. La energía comunitaria y la movilidad compartida atienden a la vez a la emergencia y a problemas estructurales como la dependencia energética o el envejecimiento rural.
• La colaboración entre universidades, entidades sociales y administraciones multiplica la capacidad de respuesta y ayuda a convertir la experiencia en conocimiento transferible.
• En una isla volcánica, donde la próxima erupción es cuestión de tiempo, las redes de economía social son un activo permanente que conviene fortalecer con políticas públicas estables.

Quedan retos en los que la economía social puede ser central: la vivienda, donde las cooperativas pueden ofrecer alternativas; la recuperación agrícola; el relevo generacional en el campo; y la atención a la población mayor de los núcleos rurales, donde las cooperativas de servicios y de cuidados pueden llegar allí donde el mercado no llega y la administración no alcanza.

La lava sepultó casas, fincas y barrios enteros, pero no pudo sepultar la voluntad de los palmeros de organizarse juntos para resolver problemas comunes. Cinco años después del volcán, esa capacidad sigue siendo el mejor recurso de la isla. Esa es, en esencia, la definición misma de la economía social.