Las inundaciones de la DANA en la provincia de Valencia en 2024 y la respuesta del cooperativismo y la economía social

por José Luis Monzón, profesor honorario de la Universitat de València y director de CIRIEC-España
y Rafael Chaves, catedrático de la Universitat de València y presidente de la Comisión Científica de CIRIEC-España

Las inundaciones de la provincia de Valencia del día 29 de octubre de 2024 quedarán grabadas en el imaginario colectivo como uno de los fenómenos meteorológicos extremos más significativos de los últimos años en España e Iberoamérica. Este fenómeno se inscribe en la tendencia creciente de episodios de esta naturaleza, cada vez más destructivos para el entorno y las comunidades humanas, enmarcados en la actual crisis climática global, la cual augura una intensificación de crisis ambientales de gran magnitud.

Junto a catástrofes de carácter natural, la Humanidad se enfrenta también a otras amenazas, unas de origen antropogénico, tales como los conflictos armados, y otras derivadas de emergencias sanitarias de alcance pandémico. Todas ellas conforman una acumulación de crisis que conjuntamente se están denominando policrisis. Estas crisis, como lo fue la pandemia de Covid-19, constituyen choques exógenos al sistema económico con amplio impacto macroeconómico, impacto generalmente superior al de las recesiones de naturaleza económica.

El abordaje de estas crisis evidentemente no debe circunscribirse a la emergencia. La perspectiva del ciclo de gestión de emergencias (Wisner & Adams, 2002) contempla cinco fases en estas crisis: mitigación, preparación, respuesta, reconstrucción y desarrollo. Las dos primeras fases preceden al estallido de la situación de emergencia. Se centran en acciones de reducción de la probabilidad de que se produzcan estas crisis y en la reducción del impacto de la catástrofe una vez ha ocurrida, especialmente en términos de vidas humanas. La tercera fase, de respuesta durante el transcurso de la emergencia, se concreta en las acciones desplegadas durante la catástrofe dirigidas a proteger la vida y minimizar los daños. La fase de recuperación se centra en las acciones de reconstrucción para restablecer la situación anterior a la catástrofe. Ese momento es también una oportunidad para introducir reformas profundas que permitan establecer un nuevo modelo de desarrollo social y económico. La fase de desarrollo es la de vuelta a la normalidad, tras recuperar o transformar el modelo de funcionamiento social y económico.

En contextos de crisis como los indicados, el marco institucional y la estructura social y económica de un país constituyen factores que pueden agravar o atenuar su impacto y mejorar el enfrentamiento a la crisis en las cinco fases indicadas. En efecto, son factores que determinan la resiliencia, un concepto utilizado en física desde el siglo XIX para estudiar la capacidad de los materiales para recuperar su estado inicial después de un choque, y que se ha generalizado en ciencias sociales en el último tercio del siglo XX. En esta última corriente, Keck & Sakdapolrak (2013) proponen que la resiliencia se refiere a la capacidad de una sociedad para adaptarse a los choques, así como para aprovecharlos como oportunidades de desarrollo económico y social.

El concepto de resiliencia de un ecosistema territorial se concreta en demostrar cuatro capacidades: la capacidad de absorción, es decir, su capacidad para afrontar y reaccionar ante choques o crisis, resistiendo; la capacidad de adaptación, o de flexibilidad del sistema, realizando pequeños ajustes; la capacidad de transformación, que se da cuando los choques son de tal magnitud que ya no son manejables y hacen insostenible el sistema existente, de forma que requiere cambios de gran calado, incluyendo transformaciones estructurales hacia un nuevo modelo de desarrollo. Esta capacidad de transformación introduce también la dimensión del aprendizaje sistémico en el sentido de la capacidad de utilizar los choques como ventanas de oportunidad para el desarrollo social y económico del ecosistema. Y, finalmente, la capacidad de sostenibilidad social, entendida por su capacidad de mantener los niveles de bienestar social preexistentes a la crisis y de mejorarlos tras la misma.

Las estructuras sociales e institucionales del país, entre ellas las cooperativas, las asociaciones, el voluntariado y en general la economía social, desempeñan un papel importante para afrontar la emergencia de las crisis, adaptarse y recuperarse de ellas. En síntesis, son elementos clave de la resiliencia de un territorio (ILO, 2020; Chaves y Soler, 2023). La literatura científica ha constatado que el impacto de las catástrofes es menor en los sistemas socioeconómicos con instituciones y políticas públicas democráticas, más igualitarias y dotadas de más recursos, en los que existen más incentivos para desarrollar una prevención adecuada y una respuesta eficaz y oportuna.

Las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia son una crisis del tipo indicado y han puesto de relieve, de nuevo, el papel de la economía social.

El impacto de la DANA fue catastrófico. Las inundaciones arrasaron campos, empresas, casas y vidas con un caudal equivalente a cinco veces el Ebro en su desembocadura. Según el Informe de Cámara Valencia (2024), el área geográfica afectada por la DANA abarcaba 68 municipios de la provincia de Valencia. En esta área estaban activas 48.722 empresas, el 27,5% del total de la provincia, y trabajan 264.833 personas, el 24,7% de los puestos de trabajo de la provincia de Valencia. Conjuntamente, la aportación de estos municipios al PIB era de 21.819 millones de €, el 32,3% del total provincial de Valencia. Si nos circunscribimos a la ‘zona cero’ de la DANA, que engloba a 32 municipios muy afectados, como Alfafar, Catarroja, Chiva, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Torrent y Utiel, éstos dan empleo a 219.801 personas, el 20,5% del total provincial, y su producción es de 13.308 millones de €, el 19,7% del PIB provincial. Según Pitarch (2024), en la ‘zona cero’ de las inundaciones, ubicada en la comarca de l’Horta Sud de la provincia de Valencia, viven 325.000 personas y existen más de 75.000 viviendas y numerosos polígonos industriales. La movilidad en esa zona es muy elevada, con más de 125.000 vehículos diarios, de los que el 7% son pesados, y además el 75% de la población reside y trabaja en lugares diferentes. En términos de vidas humanas, el CID (2024) ha contabilizado 216 personas fallecidas, casi 2,5 veces las que hubo en la riada de Valencia de 1957. De ellas, el 60,6% fueron hombres y el 88% eran de nacionalidad española. Dos datos significativos revelan el modo del fallecimiento: el 48,1% tenían 70 o más años y el 65,3% de los cuerpos se encontraron en espacios cerrados como en casas, garajes, sótanos, vehículos y en residencias.

El impacto de la DANA en el cooperativismo valenciano

Además de las trágicas pérdidas de vidas humanas, los datos provisionales facilitados por VALESTAT, en un informe de urgencia, ya permitieron comprobar la magnitud de la catástrofe para las cooperativas valencianas: en los municipios afectados por las inundaciones están radicadas 478 cooperativas, de las 1.564 existentes en la provincia de Valencia. Estas cooperativas dan empleo directo a 11.000 personas, y servicio a más de 65.000 usuarios, con una facturación anual de 1.527 millones de euros. Los daños en estas cooperativas han sido desiguales, pero solo en la denominada “zona 0” hay un total de 72 cooperativas, con un empleo directo de 1.089 personas y gravísimos daños en sus instalaciones. En las cooperativas afectadas predominan las de trabajadores de todos los sectores productivos, pero también las agroalimentarias, de enseñanza, crédito, eléctricas, de transportes y otras.

La información facilitada por la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL) y sus entidades socias pone nombres a esta tragedia: cooperativas de enseñanza en Catarroja, Picanya, Chiva y Albal, con enormes destrozos en todas sus instalaciones, mobiliario y material docente (Florida, Ninos, La Gavina o La Rodé, entre otras); daños en almacenes e industrias en las cooperativas agrarias de l’Alcudia, Carlet, Massalavés, Alfarb, Llombai y Massanassa; 25.000 hectáreas de cultivo afectadas con graves daños en las cosechas de cítricos, kakis y arroz almacenado; daños en 70 supermercados de Consum; daños en las oficinas de cooperativas de crédito, de Caixa Popular, Caja Rural de Albal, Caixa Rural d’Algemesí, Caixa Rural de l’Alcudia, Grupo Cooperativo Cajamar; en cooperativas eléctricas y comunidades energéticas de Castellar, Guadassuar, Catarroja, Alginet, Chera y Sot de Chera; en numerosas cooperativas industriales; en cooperativas de limpieza como Comismar; de transportes y transportistas; de integración de colectivos desfavorecidos. En fin, miles y miles de ilusiones rotas, de proyectos hundidos tras años y años de ilusiones personales y esfuerzos colectivos.

Resiliencia de la sociedad civil organizada valenciana

Durante la fase de emergencia y los primeros momentos de la fase de recuperación, las cooperativas, voluntarios y asociaciones han demostrado su resiliencia y su capacidad real de respuesta a situaciones de crisis. La cara más visible de esta movilización ciudadana fueron los voluntarios, quienes aportaron en un primer momento la principal ayuda a los afectados. Estimaciones sitúan entre 45.000 y 50.000 las personas voluntarias que se desplazaron a la ‘zona cero’ a ayudar. Es solidaridad auspiciada o catalizada a menudo por asociaciones ciudadanas. Desarrollaron tareas de rescate y de apoyo psicológico, así como aportando personalmente en sus desplazamientos a pie a esta zona, con infraestructuras viarias destruidas, agua, alimentos y otros elementos básicos para las poblaciones afectadas y en tareas de recuperación y de limpieza. El tercer sector social también actuó: ONG como Cruz Roja, Cáritas y Mensajeros de la Paz se movilizaron rápidamente, habilitando cuentas para donaciones y desplegando acciones directas. Otras acciones procedieron del ámbito cooperativo, de cooperativas arraigadas en este territorio, dado que nacieron ahí, como Anecoop, Consum y Florida Universitaria. Anecoop reaccionó con gran rapidez y el mismo 1 de noviembre ya hizo llegar a las poblaciones afectadas 11 camiones de agua y productos, coordinando el envío directo de camiones y furgonetas desde diferentes puntos de España. Junto a ello, Anecoop prestó ayuda a cuatro entidades de acción social en Valencia y Algemesí, seis cooperativas educativas, Gremio de Libreros y otras nueve cooperativas, cediendo también al Ayuntamiento de Algemesí una parcela de 15.000 metros cuadrados para el depósito de residuos.

Consum y Florida Universitaria ofrecieron rápidamente su apoyo, incluso siendo afectadas directamente. Consum ofreció apoyo inmediato a las autoridades locales y autonómicas, y coordinó la distribución de ayuda humanitaria, alimentos y productos esenciales en los municipios afectados, utilizando sus tiendas como puntos de ayuda solidaria. Florida Universitària cedió instalaciones para almacenamiento, distribución de alimentos, atención médica y apoyo a bomberos. El movimiento cooperativo nacional ofreció recursos económicos y materiales, así como las redes de economía alternativa y solidaria. Otras asociaciones agrarias aportaron maquinaria agrícola, como tractores, para las labores de recuperación.

Interesa estudiar en mayor profundidad el papel del cooperativismo y de la economía social en esta crisis y las demás crisis.

Referencias bibliográficas

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https://data.europa.eu/doi/10.2826/88086

PITARCH, M.D. (2024): “Geografía de la zona cero de la Dana”, Valencia Plaza, https://valenciaplaza.com/geografia-zona-cero-dana-historica-huerta-90-artificializado

VALESTAT – Portal estadístico de la economía social valenciana, https://valestat.com/