25/06/2018

Ley 1901 de 2018, sobre las sociedades de beneficio e interés colectivo

Recientemente fue expedida en Colombia la Ley 1901 de 18 de junio de 2018 sobre la creación de las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC), entendidas como aquellas empresas que además del beneficio e interés de sus accionistas actúan en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente. Para descargar el documento siga el siguiente enlace http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201901%20DEL%2018%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf

En opinión del profesor Juan Fernando Álvarez de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, dicha Ley se sintoniza con la necesidad de reconocer, estimular y fortalecer a las empresas que demuestran aportes al bien común; sin embargo, preocupa que no se articula con el entramado institucional de la economía solidaria, lo que a la postre puede acentuar disonancias cognitivas entre la visión de las ESAL como organizaciones voluntarias, la visión de la responsabilidad social de empresas capitalistas y las empresas solidarias en el país.

La Ley prevé el reconocimiento de la condición de BIC mediante reformas estatutarias y reportes de gestión que no implican un cambio de tipo societario o la creación de un nuevo tipo societario, pero si la inclusión en su denominación social de la abreviatura mencionada.

En palabras de Álvarez: “con esta Ley se robustece la necesidad de diseñar y reglamentar, por una parte, mecanismos de valoración y estandarización del accionar integral de las empresas y, por otra parte, es previsible que la administración pública esté ambientando la proposición de criterios de valoración de los procesos de licitación y compras públicas a empresas con certificación de beneficio e interés colectivo”.

Asuntos como remuneraciones dignas y diferencias salariales, subsidios para la capacitación, participación en las decisiones de las empresas, inserción laboral de colectivos vulnerables, desarrollo de acciones de voluntariado, auditorías ambientales y comercio justo entre otros son mencionados en dicha normatividad lo que representan para las empresas de la economía social y solidaria un desafío por analizar.

Vía: Pontificia Universidad Javeriana

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