Inmaculada Carrasco Monteagudo, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, sustituye a Carmen Marcuello Servós (Universidad de Zaragoza), que recientemente ha sido nombrada presidenta de la Comisión Científica Internacional de Economía Social y Cooperativas del CIRIEC-Internacional. Junto a la presidenta, la nueva Junta Directiva del OIBESCOOP la constituyen Inmaculada Buendía (Universidad de Castilla-La Mancha), como vicepresidenta; Elena Meliá (CEGEA-Universitat Politècnica de València), tesorera; Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas (EESCOOP-Universidad Complutense de Madrid), secretario; Maite Cancelo (CECOOP-Universidad de Santiago de Compostela), vocal, y Rafael Chaves (IUDESCOOP-Universitat de València) vocal.

CIRIEC-Colombia anima a participar en su VIII Coloquio, que tendrá lugar los días 25 a 27 de agosto de 2025 en el Centro Vacacional y Convenciones ‘Las Palmeras’ – Villeta – Cundinamarca, bajo el lema de “Mitos y realidades de la economía social y solidaria en Colombia”. El Coloquio busca ofrecer reflexiones que contribuyan a comprender mejor el estado actual de la ESS e identificar oportunidades para su desarrollo. CIRIEC-Colombia llama también a los investigadores en ESS a postular mediante sus comunicaciones. Los resúmenes de ponencia deben enviarse hasta el próximo 30 de mayo.

Después de más de una década en el parlamento brasileño, la ley de economía solidaria brasileña fue aprobada a finales de 2024. La aprobación se produce en un contexto internacional de presión, con Resoluciones de la OIT y la ONU, así como avances legislativos en varios países de América Latina. La Ley nº 15.068, de 23 de diciembre de 2024, conocida como Ley Paul Singer, representa un marco histórico para la consolidación de la economía solidaria en Brasil. Sancionada en un contexto de creciente búsqueda de alternativas económicas más sostenibles, inclusivas y democráticas, la legislación tiene como objetivo formalizar, promover y proteger las empresas solidarias que se basan en los principios de cooperación, autogestión y solidaridad.

El OIBESCOOP presenta un nuevo número monográfico de su boletín electrónico, en esta oportunidad dedicado a los cambios recientes en las políticas públicas, y más concretamente, en cómo ha evolucionado en los últimos años la institucionalidad pública para las cooperativas y la Economía Social y solidaria (ESyS) en Iberoamérica.

En los últimos veinte años, la economía solidaria ha dado respuesta a los grandes desafíos de desigualdad que enfrenta América Latina. Más que un modelo económico, representa una forma de construir comunidad, basada en valores como la cooperación, la equidad y el compromiso con el bienestar colectivo. Países como Argentina, Brasil, Colombia y México han impulsado políticas públicas que han fortalecido a cooperativas, mutuales y otras organizaciones solidarias, permitiéndoles ser motores de desarrollo en sus territorios. Estas iniciativas han transformado vidas, creando oportunidades económicas y fomentando la unión entre las personas. El desarrollo de la economía solidaria se fortalece con marcos normativos sólidos que apoyan su promoción.

En algunos países de América Latina -así como en algunos estados de Estados Unidos y en países de Europa- ha surgido en los últimos años una figura legal que bien puede ser clasificada como una empresa social, presentando así un potencial interesante en el fortalecimiento de la ESS. Se trata de las llamadas Sociedades BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo), sociedades comerciales legamente habilitadas para retirar utilidades cuya actividad económica y comercial está supeditada a la misión declarada en los estatutos societarios de generar un impacto positivo en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Las sociedades BIC son sociedades comerciales que obtienen la cualidad de “BIC” a partir de un reconocimiento legal por parte del Estado, teniendo cada país la libertad legislativa para definir el marco legal que rige a estas empresas.

Durante el recién concluido gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en términos generales, la legislación federal no sufrió modificación significativa alguna. Los pocos cambios que se hicieron fueron regresivos y tuvieron que ver con modificaciones parciales a la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), tendientes a continuar con el proceso de concentración y depuración del sector.

La co-construcción de las políticas públicas para el cooperativismo implica la responsabilidad compartida entre los organismos estatales y el movimiento cooperativo en la planeación, el diseño, la implementación y la evaluación. Es por eso que el financiamiento de las políticas también debe ser una responsabilidad compartida. En este trabajo se analiza el financiamiento de las políticas públicas para el cooperativismo en Uruguay. Para ello se examina el marco legal y la evolución de la participación del sector y el Estado en los recursos financieros para las políticas públicas.

El 5 de marzo del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de Chile la resolución que crea el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativas, INAC, como un Comité dependiente de la Corporación de Fomento de Producción, CORFO. El INAC combinará acciones e iniciativas de coordinación interinstitucional, asesoramiento técnico para organismos pertinentes y la entrega de asistencia técnica, y la creación y gestión de instrumentos de apoyo a organismos de segundo y tercer grado del cooperativismo, esto es, Federaciones, Confederaciones e Institutos Auxiliares definidos en la Ley General de Cooperativas”. Este año 2025 se prevé que el INAC cuente con su primer Plan de Desarrollo Estratégico de mediano plazo y a la vez comience a poner en marcha sus diversos planes de acción.